La convocatoria a las urnas del primero de octubre próximo no significa la celebración de un referéndum de autodeterminación, como creen o fingen creer los convocantes. Un referéndum es una consulta dirimente entre al menos dos opciones, que compiten en igualdad de condiciones, con árbitros e instituciones imparciales y con tiempo suficiente para hacer públicas y debatir todas las posiciones en los medios de comunicación. Para que sus resultados y consecuencias sean luego aceptados por todos, dentro y fuera, es necesario que cumpla los criterios comúnmente aceptados, que la Comisión de Venecia, organismo asesor del Consejo de Europa, ha establecido de forma poco discutible: debe ser legal y acordado y debe celebrarse bajo una legislación aprobada al menos un año antes, es decir, con conocimiento y aceptación por todos de las reglas de juego por las que se regirá, es decir, el censo, la consulta, el recuento y la interpretación de los resultados.

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